Diferentes versiones sobre el desmonte no autorizado en pleno Corredor Verde

En los últimos días, diferentes versiones han circulado sobre la tala rasa de Selva Paranaense en pleno Corredor Verde, en el departamento Manuel Belgrano. Para no dejar lugar a confusiones: no sólo se trató de un desmonte no autorizado sino que es fundamental que se cumpla con lo estipulado en la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos en cuanto a medidas de remediación y restauración, y la incorporación de los responsables (propietarios y profesionales actuantes si los hubiera), al registro nacional de  infractores. 3--

Tal como fuera publicado en el medio “El Paranaense”, al ser alertados sobre la temática, desde Vida Silvestre solicitamos información, a las Subsecretarías de Ecología y de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables (MEyRNR), sobre la situación legal de un desmonte en proximidad del  Parque Provincial Urugua-í.  Previo a la respuesta oficial y, por comunicaciones extraoficiales con funcionarios del MEyRNR que no pertenecen a las áreas correspondientes a las autorizaciones de cambio de uso del suelo, se sospechaba que ese desmonte contaba con autorización.

Dos días después, recibimos comunicación oficial de las carteras ministeriales correspondientes sobre la situación de cambio de uso del suelo sobre una parcela privada de 177ha. A partir de la misma, podemos afirmar que éste desmonte no cuenta con autorización vigente, plan de aprovechamiento ni estudio de impacto ambiental. En dicha respuesta se nos informó además sobre la realización de una inspección en la zona, fechada el 11 de enero de 2017, en la que se determinó la suspensión de cualquier actividad que comprometa al bosque nativo de la zona. Dichas actuaciones dieron origen al sumario ambiental correspondiente para determinar las responsabilidades y las sanciones para los autores del desmonte, realizándose acciones de gabinete y a campo por parte de un equipo multidisciplinario para determinar y cuantificar la magnitud del daño ambiental ocasionado.

Casos como este nos demuestran la necesidad de acompañar al MEyRNR en la implementación de medidas de control y fiscalización. Desde Vida Silvestre buscamos colaborar en el proceso de evaluación del daño ecológico, del diseño de las medidas de remediación y restauración que eventualmente resultaran pertinentes al momento de determinar las sanciones correspondientes y en la comunicación de la resolución ejemplar con el fin de disuadir a posibles futuros infractores.

En este mismo sentido, solicitamos que, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, los responsables (propietarios y profesionales actuantes si los hubiera), del desmonte ilegal sean incorporados al registro nacional de infractores.

Por último, desde Vida Silvestre lamentamos la reproducción extemporánea de la nota ofrecida al medio digital “El Paranaense”. Esta situación pudo haber dado lugar a confusiones al no incorporar la nueva  información que nuestra institución había recibido de la Autoridad de Aplicación Provincial.

Los desmontes ilegales no solo deben sancionarse, si no principalmente deben evitarse. El compromiso público y privado será sin duda la mejor herramienta para alcanzar este objetivo común. 

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