Denuncia del fiscal Guillermo Marijuan contra Javier Iguacel: “Los usuarios ya han pagado”

Amparo colectivo, proyecto de ley para anular la resolución, convocatoria a no pagar, reacción de intendentes del conurbano y denuncia en la Justicia. Todas acciones contra el alza y el pago en cuotas de la tarifa de gas.na02fo01_8

Un aluvión de presentaciones judiciales intenta frenar el nuevo aumento en las tarifas del gas y la compensación a las petroleras dispuestas el viernes pasado por la Secretaría de Energía. A los amparos que comenzaron a radicar intendentes, clubes de barrio y asociaciones de consumidores se sumó una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan contra el secretario Javier Iguacel por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El rechazo al tarifazo también se hizo escuchar desde el Congreso donde los diputados evalúan convocar a una sesión extraordinaria que se suma a los proyectos de ley como el presentado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para derogar la resolución 20/2018. El cuestionamiento a las medidas se replica en las distintas provincias del país.

“He decidido hacer una denuncia con motivo de la resolución 20/2018 que establece un aumento en la tarifa de gas retroactiva porque trata de compensar a las empresas distribuidoras por el período de abril a septiembre por el aumento del dólar”, expresó Marijuan en diálogo con radio La Red. El fiscal justificó su decisión al señalar que “los usuarios ya han hecho pagos y uno de los efectos del pago es la cancelación total, con lo cual no se puede quitarle esa entidad jurídica”. La denuncia contra Iguacel solicita además una medida cautelar para frenar el incremento hasta que se resuelva el planteo de fondo.

La Secretaría de Energía resolvió que a partir de enero los usuarios del servicio de gas natural deberán cancelar en 24 cuotas con interés el ingreso adicional en pesos que recibirán las petroleras por la devaluación registrada entre abril y septiembre, pues los contratos están dolarizados. La medida complementa el aumento promedio del 35 por ciento previsto para las tarifas que para las dos categorías residenciales de menor consumo (R1 y R2), que concentran el 55 por ciento de los clientes, llegará al 50,4 por ciento en el área metropolitana de Buenos Aires.

“La resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores. Se genera una compensación a favor de las empresas contratistas y distribuidoras incrementando el costo mensual del servicio a sus usuarios y/o consumidores”, sostiene el escrito presentado ayer por Marijuan que recayó en el juzgado federal a cargo de María Romilda Servini de Cubría. “Lo más llamativo resulta que a partir de la resolución dictada se estaría ‘compensando’ económicamente a las empresas prestadoras como consecuencia de la variación de costos, sobre servicios que ya han sido facturados y abonados por los usuarios, en violación del efecto cancelatorio propio del pago de una deuda”, enfatiza el texto de la denuncia.

Por su parte, el primer amparo colectivo fue presentado ante la Cámara de Apelaciones de La Plata por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), la misma organización que consiguió un fallo de la Corte Suprema para limitar el tarifazo de 2016. “La acción interpuesta determina la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 20/2018”, expresó la entidad a través de un comunicado donde precisó que “el aumento del gas se produce por la decisión gubernamental de devaluar el peso y, por tanto, las consecuencias no pueden soportarlas exclusivamente los usuarios del servicio”. La causa en el Juzgado Federal de La Plata a cargo de Adolfo Ziulu.

Quien también impulsó un amparo colectivo fue el intendente del partido bonaerense de San Martín, Gabriel Katopodis, que realizó su presentación junto con un club de esa localidad. “La política actual del gobierno está notoriamente orientada a la garantía de ganancias privadas y no a la protección de los usuarios y consumidores de servicios públicos, mucho menos direccionada a garantizar el acceso al gas natural a los sectores más vulnerables de la población”, indicó Katopodis al solicitar a los usuarios de su distrito que no paguen las facturas.

Durante el fin de semana un grupo de intendentes peronistas bonaerenses cuestionaron al secretario de Energía, Javier Iguacel, por haber afirmado que “la mayoría de las quejas por el aumento de gas son de militantes kirchneristas”. A través de Twitter, Verónica Magario (La Matanza), Walter Festa (Moreno), Ariel Sujarchuk (Escobar), Leo Nardini (Malvinas Argentinas), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Julio Zamora (Tigre) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) respondieron a sus dichos y le pidieron al funcionario que dé la cara con los vecinos. “Somos los Intendentes los que escuchamos la angustia de los vecinos por el costo de las facturas. Lo invito a que venga a explicarles que no pueden pagar por su militancia”, fue la fórmula utilizada por los intendentes.

Fuente: Pagina12

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *